Según la información dada por el Ayuntamiento de Granada, por medio de la prensa (granada.org, 31/1/2024), las características de la zona de bajas emisiones (ZBE) que ha propuesto recientemente son las siguientes:
- Implantación definitiva a partir del 1 de abril de 2025.
- Abarca a todo el entramado urbano de la ciudad.
- No afecta a los residentes en la ciudad, ni a la carga y descarga, ni al transporte escolar y discrecional de viajeros.
- Afecta a ciclomotores, motocicletas y coches no censados en la ciudad, que no tengan etiqueta ambiental, con antigüedad anterior a 2001 (de gasolina) y a 2006 (de diésel).
- Evaluación de resultados para tomar decisiones de mejora en 2028.
Según las recientes mediciones realizadas por el Ayuntamiento de Granada, dadas a conocer a través de la prensa, del 8 al 14 de enero se contabilizaron 958.404 desplazamientos en automóviles por nuestra ciudad. De los cuales el 13,56 % no tenía distintivo ambiental, con etiqueta B eran el 33,26 %, con C el 43,74 %, ECO el 7,92 % y CERO el 1,52 %. El 70% de los desplazamientos en vehículos procedía de fuera de la ciudad. Además, en un día laboral se contabilizaron 6.709 desplazamientos en vehículos sin distintivo ambiental procedentes de fuera de la ciudad, los cuales son los que se verían afectados por la implantación de la ZBE según las características indicadas.
Esto supone que en la ciudad de Granada se hacen a diario 136.915 desplazamientos en automóviles. De ellos, 123.990 contaminantes (si exceptuamos a los de etiqueta ECO y CERO) y, de los cuales, 18.559 son los que no tienen ningún distintivo ambiental (los más contaminantes). Por tanto, impedir el acceso a la ciudad a los 6.709 desplazamientos con vehículos que proceden de fuera de la ciudad sin distintivo ambiental (que son los únicos afectados por la ZBE) tan solo supone una reducción del 4,9 % del total de desplazamientos en automóvil, del 5,41 % de todos los desplazamientos contaminantes y del 36 % de los desplazamientos realizados con los vehículos que no tienen ningún distintivo ambiental.
Por su parte, el Ayuntamiento propone como alternativa a aquellos que no puedan acceder a la ciudad con sus coches el uso de 6.528 plazas de aparcamiento en el borde de la ciudad. Es decir, los 6.709 desplazamientos que la ZBE trata de evitar, en realidad, no se dejarán de hacer en favor de medios de transporte sostenibles, sino que podrán seguir realizándose hasta la entrada de la ciudad.
Además, el proyecto de ZBE, por un lado, afecta tan solo a vehículos que les queda muy poca vida útil, los de más de 19 años (diésel) y de más de 25 años (gasolina), que habrán desaparecido de la circulación en breve (posiblemente, antes de que se evalúe la aplicación de la ZBE en 2028). Y, por otro lado, las restricciones de acceso afectan exclusivamente a personas que, por no tener mayor poder adquisitivo, no pueden cambiar de coche. La transición a un modelo menos contaminante no debe pasar por penalizar tan solo a las personas con menor poder adquisitivo.
Por último, la alcaldesa de Granada tan solo hace un brindis al sol, comunicando que quiere favorecer la mejora del transporte público colectivo interurbano si no incluye medidas concretas para ello dentro del diseño, implementación y evaluación de la ZBE.
En definitiva, la contribución de la ZBE proyectada para reducir las emisiones contaminantes es a todas luces insuficiente. El Ayuntamiento ha tratado de cubrir el expediente por las exigencias legales, pero se ha interesado más en proteger el negocio de la zona azul y los aparcamientos públicos del centro de la ciudad (que se nutren de los automóviles que provienen de fuera de la ciudad) que en cuidar de la salud de sus vecinos.
Urge poner en marcha una ZBE que impida aparcar en toda la ciudad de Granada a los automóviles privados que proceden de fuera de la ciudad y favorecer la eficacia del transporte público colectivo interurbano. De esta manera se logra reducir un 70 % el tráfico de automóviles en la ciudad. Es decir, así se consigue alcanzar los fines previstos para la ZBE, según el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, que la regula. Esto es: Reducir las emisiones contaminantes y de CO2; conseguir un cambio modal –del uso del automóvil privado al transporte público, bicicleta, VMP y a pie–, y mejorar la seguridad vial, el espacio público y la salud de los vecinos.
Oficina de la bicicleta de Granada 